La asociación La Gomera se Mueve ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián para que investigue si los responsables técnicos y políticos encargados de la extinción del incendio del pasado verano pueden ser culpables de los presuntos delitos de prevaricación, incendio forestal y estragos.

La denuncia ha sido presentada esta mañana por dos de los representantes de la asociación, Néstor Rolo e Inma Niebla, y ha sido redactada, entre otros, por los abogados Pedro Fernández Arcila, líder de Alternativa Sí se Puede, y Josep Lluís Salazar, presidente de la Sección de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Barcelona.

En el escrito, tal y como explicó Néstor Rolo, se denuncian en siete puntos las conductas “negligentes y temerarias” que se cometieron durante las labores de extinción del incendio, como por ejemplo, la bajada de nivel de emergencia cuando el fuego aún no estaba controlado y a pesar de estar anunciada la llegada de una ola de calor.

Asimismo, se denuncia que las ayudas económicas a los afectados por pérdidas de sus viviendas y cultivos aún no se han materializado, así como no conste que se haya elaborado algún plan de actuación para la correcta utilización de las ayudas económicas para la recuperación del Parque Nacional de Garajonay, del que resultó afectado un 25 por ciento de su superficie.

En la denuncia presentada la asociación advierte también que todavía no se han hecho las mediciones “mínimas y lógicas” sobre el impacto ambiental que ha supuesto el incendio, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la contaminación edafológica y ecológica que se haya podido generar en los terrenos cultivables o la retirada de materiales peligrosos para la salud de las personas como el amianto.

Desde la asociación han dicho estar convencidos de que durante los 88 días que duró el incendio –desde que se originó hasta que se dio por extinguido– se ha cometido “una cantidad de negligencias fuera de lo común”, de ahí que hayan criticado que el Parlamento de Canarias se haya opuesto a la creación de una comisión de investigación, así como la composición de la Comisión Especial que creó el Cabildo de La Gomera.