El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera ha aprobado hoy, por unanimidad, la propuesta de convenio de colaboración a suscribir entre el Gobierno de Canarias y la primera Institución Insular para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

Así, los centros de la Isla contarán con 1.473.462 euros, es decir, 595.588 euros del Cabildo y 877.874 euros del Gobierno de Canarias.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones públicas implicadas. Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en 2011 con el  Cabildo Insular de La Gomera para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

El Cabildo de La Gomera continúa con sus políticas sociales a través de estas ayudas garantizando el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz. Así, ambas instituciones mantienen los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.