El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha adelantado este miércoles, día 29, que su formación ha registrado en la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) a fin de evitar que, con la modificación de la ley del Registro Civil se clausuren oficinas de esta índole en los pequeños y medianos municipios.

Curbelo aclaró que “el objetivo de esta propuesta es que el Parlamento inste al Gobierno canario, para que a su vez pida al Estado la modificación de la Ley 20/2011 del registro Civil, de tal forma que se garantice la prestación de este servicio público de forma directa a las pequeñas y medianas poblaciones, manteniéndose, por tanto, las oficinas de Registro Civil actuales”.

Además, el portavoz de ASG en el Parlamento, insistió que esta reducción no solo ocasiona que muchos ciudadanos se tengan que desplazar a otros puntos, fuera de su municipio a realizar los pertinentes trámites, sino que también puede ocasionar una pérdida de puestos de trabajo.

A juicio del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, y como han expuesto en la PNL registrada a tal efecto, la Ley 20/2011 del Registro Civil, que contempla el cierre de registros civiles y juzgados de paz, previsiblemente entrará en vigor el próximo día 30 de junio de 2020, “lo que supone un serio problema para los municipios pequeños, que no van a poder garantizar el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas de una red de oficinas próximas para realizas sus trámites”.

La Gomera

Además, desde ASG detallaron que la aplicación de esta norma supone que las oficinas de los registros civiles de los municipios de menos de 50.000 habitantes puedan ver peligrar su permanencia y queden abocadas al cierre en menos de cinco meses. En esta línea, pusieron como ejemplo la isla de La Gomera, en donde en el municipio de Agulo se prevé que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones que conforman la historia de este municipio desde 1871 serán llevados fuera de la localidad.

“Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio, los vecinos de muchos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados, o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad que puede estar alejada de su municipio, o como en el caso de Canarias estar en otra isla, con las dificultades que ello conlleva de tiempo y costes añadidos, siempre y cuando esa persona pueda desplazarse”, recoge la Proposición No de Ley.

Por último, indicaron que con la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades se estima que, de las más de 7.500 oficinas actuales, se pasará aproximadamente a un centenar, con lo que se verían afectados miles de trabajadores públicos.