El Pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobaba esta mañana, con unanimidad de votos, la propuesta de la alcaldía para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, contra las resoluciones del 14 de marzo de 2024 de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, sobre la aprobación de los respectivos deslindes de los bienes de dominio público marítimo-terrestres del litoral del municipio, tanto del tramo comprendido entre la Playa del Inglés a Charco del Conde como del tramo de costa entre Charco del Conde y la Playa de Vueltas. 

“Desde la Corporación Municipal hemos puesto en marcha la interposición de este recurso no sólo porque consideramos que se tratan de unas Resoluciones contrarias a Derecho, sino porque además atacan directamente los intereses generales del municipio de Valle Gran Rey, así como de los vecinos y vecinas afectados por estos deslindes aprobados por el Ministerio”, explica el alcalde de la localidad, Borja Barroso, añadiendo que “se trata de una aprobación que desde el Ayuntamiento ni compartimos, ni entendemos oportunas”.

En este sentido, Barroso recuerda que, durante los procedimientos administrativos de ambas Resoluciones, se formularon diversas alegaciones por parte del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, así como por parte de vecinos y vecinas del municipio, que no fueron estimadas por la Administración General del Estado. Así, señala que las mencionadas Resoluciones de aprobación de los respectivos deslindes de dominio público marítimo-terrestre del litoral del municipio son susceptibles de impugnación mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

El alcalde de la localidad insiste en que “a pesar de que, a día de hoy, los deslindes aprobados en el mes de marzo son de aplicación directa, y por lo tanto, cualquier entidad debe aplicarlos, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey está decidido a agotar cualquier vía judicial que nos permita la legislación vigente, para lograr la anulación de estas Resoluciones, teniendo presente especialmente a aquellas personas y pequeños propietarios que ven gravemente afectadas sus propiedades por esta situación, al igual que los bienes de titularidad municipal e insular”.