El diputado del Grupo Nacionalista Canario por la isla de La Gomera, Víctor Chinea, ha criticado en el Pleno del Parlamento de Canarias la escasa eficacia de las medidas del Gobierno del Partido Popular contra los desahucios y “pide la dación en pago para todas aquellas personas que están sufriendo lo que es no poder pagar una hipoteca”.

“En la anterior legislatura”, aseguró Chinea, “ya Coalición Canaria apoyó en las Cortes Generales varias iniciativas de varios grupos parlamentarios en relación a la dación en pago y creemos que es necesario una solución en torno a este asunto y que todas las fuerzas políticas trabajen juntas para ofrecer una solución la dramática situación que viven miles de familias como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias”.

Víctor Chinea también pidió consenso para exigir a los bancos que han sido rescatados “que destinen una parte a ayuda para evitar los desahucios y para reconvertir las hipotecas en unos alquileres sociales con opción a compra”. “No tiene sentido la sociedad ayude a los bancos y después los bancos devuelvan el favor a la sociedad con los desahucios”.

El diputado nacionalista recordó que, hasta el momento, las medidas tomadas por los gobiernos del Estado “han sido insuficientes para resolver o, al menos, para paliar la situación de deudores hipotecarios, por lo que se hace necesario una legislación acorde con lo que están pidiendo los ciudadanos afectados y que se han unido para pedir una solución a este problema”.

Víctor Chinea lamentó durante su intervención que los sucesivos gobierno del Estado, tanto del PP como del PSOE, hayan bloqueado cualquier iniciativa entorno a este asunto y que la única que “haya salido adelante se quede corta ante las demandas ciudadanas”.
“Estamos seguros de que si no cambia el decreto aprobado, tendrá el mismo futuro que el Código de Buenas Prácticas, es decir, ninguno”, insistió. “No puede ser eficaz un decreto que ha sido criticado por la plataforma de afectados, por partidos políticos, por las asociaciones conservadora y progresista de la magistratura, Cáritas, la federación de asociaciones de trabajadores autónomos y la defensora del pueblo por ser insuficiente, ya que tiene un alcance muy limitado y, además, es una norma muy restrictiva porque no va al fondo del asunto”.

Para Víctor Chinea la norma aprobada “es un parche”, una suspensión del desalojo por dos años durante los que los intereses de demora seguirán aumentado, lo que agravará el problema.