En una nota de prensa remitida a los medios, afirman que se plantean exigir responsabilidades por los incumplimientos detectados y piden que se regenere ese espacio natural que sufre una creciente degradación medioambiental, por las actividades industriales y extracciones de áridos supuestamente ilegales.-Afirman.

Tres de los consejeros en la Oposición del Cabildo Insular de La Gomera, Javier Trujillo, del Partido Popular, Rubén Martínez, de Si se Puede y Solveida Clemente, de Nueva Canarias,  se oponen a la renovación de la concesión que ha solicitado una empresa para el uso agrícola e industrial de una parcela de 12.440 metros cuadrados en el Barranco de Santiago, en el municipio de Alajeró, ante la evidente degradación que sufre ese espacio natural y el impacto que genera en el entorno de uno de los principales núcleos turísticos de la Isla.

Recuerdan que la utilización de ese suelo se remonta a 1993, cuando se solicitó autorización para su uso con fines agrícolas. Posteriormente, en 1999, la concesión se modificó para destinar 4.000 metros cuadrados de ese suelo a instalaciones industriales. En el Plan General de Ordenación Urbana de Alajeró  se define ese terreno, como suelo rústico de protección minera.

La empresa que solicita la renovación de la concesión indica que 4.000 metros cuadrados se seguirán destinando a la planta asfáltica allí establecida, mientras los 8.440 metros cuadrados restantes se mantendrán para su uso agrícola, con plantaciones de olivos y palmeras datileras.

La realidad es que toda la parcela se ha dedicado a actividades industriales durante los 20 años de la concesión, tal y como constata el propio Consejo Insular de Aguas de La Gomera en un informe técnico. "No se ven plantaciones de ningún tipo y el suelo está ocupado por la planta asfáltica citada, maquinaria diversa y una zona de acopio de áridos. Y no existe la separación mediante un muro u otro elemento divisorio entre el suelo agrícola e industrial, tal y como exige la concesión".

Javier Trujillo, Rubén Martínez y Solveida Clemente pedirán explicaciones por esta situación y por unas extracciones de áridos supuestamente ilegales que se han realizado en ese espacio, así como por la supuesta ocupación de una superficie de suelo superior a la que contempla la concesión otorgada.

Por todas estas irregularidades y por la notable degradación paisajística y medioambiental del Barranco de Santiago,  Partido Popular, Si Se Puede y Nueva Canarias en el Cabildo Insular, se plantean exigir responsabilidades por los incumplimientos detectados y rechazan la renovación de la concesión que solicita la empresa.

Javier Trujillo, Rubén Martínez y Solveida Clemente anuncian que están haciendo un atento seguimiento del expediente y demandan la recuperación y regeneración de ese espacio natural, además de la ordenación del suelo industrial para atender la demanda de la comarca, en el marco de una estrategia de desarrollo económico compatible con la conservación del medio natural de la Isla, concluyen.