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lunes, 16 de diciembre de 2024 09:30h.

José Ramón Mora, candidato de C.C. al Parlamento, denuncia el “acoso telefónico” que sufren los estudiantes que viven fuera de La Gomera

“Existen múltiples llamadas a los estudiantes de La Gomera que viven fuera de la isla desde teléfonos de las sede de determina opción política” .-señala Mora
JOSE RAMON MORA ELECCIONES 2023

El candidato al Parlamento de Canarias por La Gomera, José Ramón Mora Hernández, ha puesto de manifiesto la existencia de múltiples llamadas a los estudiantes de La Gomera que viven fuera de la isla, realizadas desde teléfonos de las sedes de determinada opción política o desde personas vinculadas a dicho partido.

“Los llamantes parecen disponer de información personal de los estudiantes y tratan de vincular el voto de estos con alguna beca o ayuda que han recibido de determinada institución, pero que pagamos todos con nuestros impuestos”

Esta situación de acoso y la tenencia de datos personales de los estudiantes nos hace pensar que alguien ha obtenido estos datos de forma ilegal desde alguna institución, vulnerando la Ley de Protección de Datos y jugando con ventaja sobre los demás partidos que concurren a las elecciones.

Llamamos a los estudiantes a no dejarse acosar por dichas llamadas, le indicamos que no deben temer nada, sus becas están a salvo y garantizadas, es más, creemos que estas aún son insuficientes y que las cuantías deben ser incrementadas notablemente.

Instamos a los estudiantes a grabar las conversaciones de dicho “acoso telefónico” y que se requiera, por parte del estudiante, al llamante, el origen o la fuente mediante la cual se han obtenido dichos datos personales.

Este candidato, estudiará y en su caso podrá en conocimiento de la Junta Electoral de Zona, de la Agencia de Protección de Datos tal situación a los efectos de que se actué contra los llamantes y acosadores telefónicos.

Creo, termina diciendo, que tal situación podría estar tipificada claramente en el Código Penal, pues supone una intimidación de las personas e incluso rozaría el delito electoral, pues trata de torcer la voluntad del votante “ofreciendo recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas”, lo que podría conllevar pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, así como inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo,