La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. 

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, Administraciones Autonómicas y locales, en el  compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género.

Esto es un instrumento  complementario  de nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos.

Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de los recursos económicos adecuados.

Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las Administraciones Autonómicas, lo recogido en el Pacto: “Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades Autónomas u otras Administraciones Públicas, las recomendaciones contenidas en el presente Informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales.”.

Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico de las Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias específicas, dedicado a la lucha contra la violencia de género. 

Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a dichas Administraciones de las partidas económicas específicas  correspondientes fijadas en el Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno. 

En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos Parlamentarios apoyaron y votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España   la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido votado a favor por el Partido Popular. 
A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario comprometido en el Pacto. 

Por todo ello, el Grupo Socialista del PSOE en el Cabildo Insular demanda, instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos,   se destinen, vía transferencias  un incremento anual de 20 millones de euros  a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas.
Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales del Estado, destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.”.

“Sin presupuestos las leyes no pueden desarrollarse; sin presupuestos los derechos de los más vulnerables de nuestra sociedad, desaparecen, y las administraciones locales y autonómicas se ahogan en intentar solucionar los problemas sociales”, concluyen los socialistas gomeros.