El consejero del cabildo de La Gomera por Sí se puede, Rubén Martínez Carmona, muestra su alarma ante la opacidad que muestra el Cabildo gomero ante las solicitudes de acceso y copia de expedientes.

En ese sentido, recuerda que en la Ley 8/2015 de Cabildos se señala que las solicitudes de información deberán resolverse por el presidente del cabildo insular en un plazo no superior a cinco días naturales a contar desde su presentación, y que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala que el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.

El 4 de abril de 2016, Sí se puede presentó un escrito donde se solicitaba copia de decretos relativos a nombramientos de funcionarios interinos desde el año 2013; tal petición no ha sido contestado hasta la fecha, y por esa razón se ha dado registro de entrada a un requerimiento para que dicha información sea facilitada el día 24 de mayo. En caso contrario se estudia acudir a la vía contencioso-administrativa por vulneración fundamental del derecho a la participación pública entre otros.

Rubén Martínez señala: “No nos gusta la vía judicial, pero el secretismo con que se gestiona este Cabildo es intolerable. Poner obstáculos a la labor de la oposición significa un menosprecio absoluto a las mínimas normas democráticas. Esta manera de actuar parece indicar que tienen algo que esconder, porque en caso contrario no logramos entender tales actitudes".

Para el consejero, "no valen excusas banales y nada fundamentadas como señalar que se paraliza la administración. Sería muy triste que por sacar unas fotocopias de decretos o por dejar que consultemos un convenio se vaya a paralizar el funcionamiento del cabildo. Tan mal no puede estar el cabildo gomero.”

Tampoco se ha dado contestación a las preguntas realizadas el 5 de abril de 2016 sobre el grado de ejecución de los convenios firmados por el Cabildo Insular con el Gobierno de Canarias en materia de dependencia, discapacidad y mayores en el año 2015, pese a que la mentada Ley de Cabildos establece la obligación que tienen estas instituciones de hacer pública y mantener actualizada la relación de convenios, conciertos, acuerdos y demás instrumentos de colaboración con otras administraciones públicas y entidades, públicas o privadas.

“Constantemente hacemos pública la obstaculización a la labor de aquellos que fueron, también, elegidos democráticamente. No podemos conformarnos con el silencio cómplice ante tales actitudes, hemos sido elegidos para democratizar este cabildo y para dignificar su funcionamiento y solo exigimos la aplicación de la Ley. La Gomera no puede seguir siendo una isla donde los derechos de los ciudadanos o de la oposición están sujetos a la interpretación de un presidente”, concluye el consejero.