M. Á. MONTEROMAMONTEROTF / SANTA CRUZ DE TENERIFE.-La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), como ya hiciera el juzgado en primera instancia, ha dado la razón a Servicio Regular Gomera (SRG) en el pleito contra el Cabildo insular, que preside Casimiro Curbelo. La sociedad y sus administradores preparan ahora con sus abogados las solicitudes de indemnización por daños y perjuicios, según ha podido saber este diario, pues la concesión del servicio de transporte por carretera expiraba en julio de este año, y no antes.

La sentencia del TSJC, fechada el 30 de octubre y a la que ha tenido acceso ABC, desestima el recurso que el Cabildo de La Gomera presentó contra el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, pronunciamiento que había sido dictado el 29 de febrero del año pasado. Por si fuera poco, la sentencia, que es firme, es decir, no cabe un segundo recurso de la corporación insular, obliga a esta a sufragar las costas. SRG, sociedad limitada al frente de la cual está el empresario local Eugenio Chinea, gana así la batalla al Cabildo, que habrá de enfrentarse ahora a las peticiones de indemnización.

Allá en octubre de 2009, el pleno de la primera institución gomera acordó rechazar los argumentos con que SRG se oponía a un acuerdo previo del propio pleno, este adoptado en julio de aquel año. Entonces, la corporación había decidido que la concesión del servicio público de transporte por carretera, cuyo titular era SRG, había expirado el 27 de julio de 2008 y, por «circunstancias excepcionales» (la posibilidad de que los ciudadanos de la isla se quedasen sin el servicio), la prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2009, prórroga que, posteriormente, alargaría el Cabildo hasta el 30 de junio de 2010. Un día antes se constituía Guagua Gomera, la sociedad anónima unipersonal dependiente de la institución que dirige Curbelo y que hoy presta el servicio.

SRG entendía que la concesión no expiraba hasta el 23 de julio de 2013, y así lo entiende ahora también el TSJC, lo que deja abierta la posibilidad de reclamar el lucro cesante.