El pasado 9 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento de Hermigua publicaba una nota de prensa titulada  El “empecinamiento  de Solveida Clemente contra una trabajadora le cuesta a los vecinos de Hermigua más de 23.000 euros, nota de prensa que pese a su contenido incierto y tergiversado, no me planteé contestar por no entrar en un juego político absurdo, ya los vecinos de Hermigua conocían y conocen los problemas que hubo con el personal a la toma de posesión del equipo de gobierno en el año 2007, especialmente con la técnico, y las difíciles decisiones que como Alcaldesa tuve que tomar, siempre teniendo en cuenta el interés general.

Sin embargo, dicha nota de prensa ha dado pie al artículo de opinión de la que fuera técnico municipal, Doña Montserrat Padilla Herrera, quien ha publicado en los medios su “Carta abierta de Montserrat Padilla Herrera, ex técnico municipal de Hermigua”, en la que la misma, con total desprecio a la verdad, se permite inventar y tergiversar los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Hermigua respecto a su situación en el Ayuntamiento, a la vez que se permite realizar graves acusaciones y valoraciones sobre mi persona, que no puedo obviar, viéndome en la obligación de darles una debida respuesta, desde la verdad de lo que ocurría en el Ayuntamiento y las situaciones que como equipo de gobierno tuvimos que afrontar.

En primer lugar, el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, sólo hay que sentarse y esperar, afortunadamente yo puedo ir con mi cabeza bien alta porque mi gestión ha estado fundamentada en el interés general, la transparencia y la igualdad, sin permitir que aquellos funcionarios que no cumplían con sus deberes en el desempeño del cargo pudieran continuar haciéndolo sin consecuencia alguna por ello, responsabilidad que entiendo era inherente al cargo que ocupaba y al deber con los vecinos de Hermigua.

En segundo lugar, a la toma de posesión nos encontramos con un procedimiento contencioso-administrativo (demanda al Ayuntamiento), de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO. que había impugnado las oposiciones celebradas en el Ayuntamiento desde finales de 2006 a principios de 2007, por las que Doña Montserrat, entre otras personas, accedió al puesto de funcionaria interina, arquitecta técnica municipal, con una mera entrevista, sin examen teórico ni práctico y sin que en el tribunal que la debía valorar hubiera un técnico municipal de otro ayuntamiento o un arquitecto técnico o arquitecto superior.

En fin, las “oposiciones” fueron como fueron y como es algo notorio y conocido en Hermigua no cabe hacer mayores consideraciones, y, previo asesoramiento ante la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias y de Letrada externa, se llegó a la conclusión y convencimiento de que el procedimiento era nulo de pleno derecho y el Ayuntamiento, con base en los informes obtenidos, dio la razón a CC.OO. allanándose en el procedimiento judicial.

Como es obvio las personas afectadas continuaron con la tramitación del recurso contencioso hasta que recayó sentencia en primera y segunda instancia, que declaró la nulidad de las oposiciones celebradas en ambas, y por tanto, las personas que habían obtenido las plazas y puestos de trabajo se quedaban sin los mismos. Entiendo que es esta la razón por la que Doña Montserrat habla en su artículo de opinión con tanto odio y desprecio hacia mi persona, se le cayó su castillo, perdió el “regalo” que le habían hecho, y, echa la culpa a quien únicamente actúa en defensa del interés general y de la Legalidad, pues las plazas quedaron vacantes y cualquiera puede presentarse en cuanto las mismas se convoquen, incluida Doña Montserrat Padilla, eso sí superando un procedimiento selectivo de verdad, con sus pruebas teóricas y prácticas correspondientes, regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
 

En tercer lugar, como es obvio, la situación en el Ayuntamiento no era la más adecuada ya que existía cierta tensión entre las personas afectadas por el proceso selectivo que estaba en los Juzgados, y el equipo de gobierno que entendía que dicho proceso era nulo según los informes emitidos, no obstante, lo único que se exigía a esas personas era que hicieran su trabajo hasta que se dictara sentencia, no teniendo problemas con ningún/a trabajador/a y funcionario/a, a excepción de Doña Montserrat Padilla, quien en ocasiones se negaba a hacer su trabajo o buscaba excusas infundadas para no hacerlo, otras veces era desconsiderada y nada profesional con sus superiores, con vecinos del municipio e incluso con sus compañeros de trabajo, incurriendo además en otras faltas disciplinarias graves y muy graves en las que no vamos a entrar, pues no es intensión de quien habla desacreditar a nadie, sino explicar la situación que se tuvo que afrontar.

Efectivamente, el expediente se incoó, se instruyó por una funcionaria designada por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, que propuso sancionar a Doña Montserrat, y se sancionó a la misma, quien recurrió ante los Tribunales y obtuvo dos sentencias favorables que anularon la resolución sancionadora, sin embargo, la nulidad no fue porque las conductas no quedaran debidamente acreditadas en el expediente instruido, sino por un defecto formal en la tramitación del mismo, al cometerse un error involuntario en el dictado de la resolución definitiva, realizada de forma urgente por estar a punto de caducar el plazo para resolver. Fue cuestión de suerte para la Ex técnico municipal, más que otra cosa. 

En definitiva, con lo expuesto se quiere aclarar que no fue un empecinamiento, ni un expediente caprichoso, ni una venganza personal contra Doña Montserrat, sino el exigirle que cumpliera con sus obligaciones y aplicar las consecuencias inherentes a dicho incumplimiento, lo que volvería a hacer con ella y con cualquier otra persona que, estando bajo mi mandato o autoridad, no cumpliera con las funciones que tiene encomendadas de forma grave, circunstancia que entiendo molestó a la ex técnico porque fue suspendida de empleo y sueldo cautelarmente y luego con carácter definitivo a consecuencia del expediente instruido.

Sin embargo, Doña Montserrat, en su alarde de sinceridad y victimismo, no cuenta a los vecinos de Hermigua su intento de que el Ayuntamiento la indemnizara con más de 80.000,00 € por la plaza de arquitecto técnico que había perdido en el Ayuntamiento promoviendo un expediente de responsabilidad patrimonial, todo ello sabiendo las condiciones en que accedió a la misma y el beneficio que obtuvo cobrando 2 años como funcionaria; ni cómo perdió ese Juicio y fue condenada en costas, apelando la condena en costas que luego se confirmó igualmente, y que se ha compensado con las retribuciones pendientes de abonar del otro procedimiento, que el Ayuntamiento ha hecho públicas en su nota de prensa.

Para concluir, le deseo al actual equipo de gobierno de Hermigua que no tenga que verse en la necesidad de actuar contra ningún trabajador/funcionario que no cumpla con sus obligaciones y que entorpezca la gestión y política municipal de forma grave y continua, como me pasó a mí al llegar al gobierno municipal, y, a Doña Montserrat Padilla que le vaya bien en la vida, tanto en lo profesional como en su salud, a la que ha hecho alusión en su artículo de opinión, desde luego la que suscribe no va a insultarla ni degradarla moralmente como ella ha hecho conmigo, ni va a usar la salud como arma arrojadiza, como ya le dije, el tiempo pone a cada uno en su lugar, sólo hay que sentarse y esperar. Basta decir que todo lo dicho en la presente nota de prensa es acreditable documentalmente con el expediente disciplinario instruido y las sentencias dictadas para que quien quiera y pueda, solicite copia al Ayuntamiento de Hermigua en ejercicio del Derecho a la Información, a excepción de las quejas de los vecinos que me transmitieron verbalmente.

Gobernar no siempre es fácil, el cargo se ejerce para lo bueno y para lo malo, y, si hay que actuar contra un personal que no cumple sus funciones, es obligación y responsabilidad política hacerlo, no permitiendo que el propio ayuntamiento y sus vecinos padezcan por el hecho de que esa persona es funcionario/a, y que conste que habla alguien que lo es.