El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy la petición del PSOE al Gobierno regional de que abra un nuevo procedimiento de adjudicación de licencias de emisión que regule de forma diferenciada la situación de aquellas radios que no tienen fines comerciales pero que cumplen una importante labor social y cultural. La propuesta salió adelante pese a las “medias tintas” de los grupos de CC y ASG, que no quisieron aceptar la suspensión de cualquier expediente sancionador y la ejecución de sanciones impuestas por infracción administrativa derivada del concurso anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La diputada Ana González defendió la iniciativa, por la que se pide la suspensión de los expedientes sancionadores que se hayan llevado a cabo contra las emisoras de Onda Herreña, Radio San Borondón y Radio Murión, dimanantes del concurso anulado por el TSJC, dejando sin efecto por tanto aquellas decisiones que se hubieran adoptado como consecuencia del mismo.

En su intervención, González recordó que este concurso 2010 se convocó en 2010 a demanda del sector, pero se vio empañado por irregularidades que han dado lugar a la interposición de numerosos recursos administrativos y judiciales, fruto de la falta de ecuanimidad en el examen y valoración de las candidaturas de los licitados. Como consecuencia de todo ello, finalmente fue anulado y muchas de las empresas que se vieron perjudicadas iniciaron un periplo en los juzgados con el objeto de defender los derechos que consideran vulnerados. 

Entre otras de las consecuencias del concurso, en lugar de realizar una inspección del grado de cumplimiento de las bases de las empresas adjudicatarias, se ha perseguido a aquellas que han quedado fuera de las adjudicaciones, buscando sancionarlas y cerrarlas de manera injusta porque el elemento común de las radios sancionadas, que las distingue del resto de emisoras en sus mismas circunstancias, es su espíritu crítico y su labor de sociocultural. 

La parlamentaria del PSOE expuso algunos de los sinsentidos relacionados con todo este proceso, como por ejemplo la entrevista que concedió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a una radio que ha sido objeto de sanción firme por valor de 120.000 euros por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, por emitir sin licencia, tras haber sido previamente apercibida hasta en tres ocasiones y sin ni siquiera haber participado en su día en el concurso de radios.

González insistió en que en múltiples sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tumbado ese concurso, “porque quienes tenían que velar por su pulcritud legal, lejos de hacerlo, introdujeron sorpresivamente unas modificaciones de las bases mediante extraños subcriterios que contaminaron por ilegal la posterior decisión anulada por la justicia”. Añadió que la mejor prueba de ello fue la propia reacción del Gobierno ante el varapalo judicial: ninguna respuesta, no recurrir y acatar la sentencia.

“Entre todos debemos de hacer un esfuerzo por buscar una solución justa y equitativa para dar un impulso a nuestro sector audiovisual, sin atajos, sin trampas, con la mayor de las transparencias y rectitud en el proceder, reactivando nuestra demanda ante el Estado para que se asigne a Canarias un mayor número de frecuencias que pudieran dar cabida a las aspiraciones planteadas”, expresó la diputada.

Por último, advirtió de que “si alguien piensa que se puede volver a la senda de la discriminación sobre la base de ‘a este sí porque nos trata bien o es de los nuestros y  a este no porque nos critica o su dueño es próximo a otro partido’ como criterio de valoración para la concesión, ahí nos van a tener en contra en el Parlamento y donde haga falta”.