El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, anunció hoy en el Parlamento la inminente devolución del 99,9% del Impuesto Especial de Combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos del Archipiélago correspondiente al mes de marzo, el primero de vigencia de esta medida adoptada por su departamento el pasado día 25.

Rodríguez precisó que el importe total de la devolución asciende en marzo a 4,6 millones de euros, de los que 1,8 millones se corresponden con la ampliación de la medida hasta el 99,9% del impuesto, mientras que el número total de beneficiarios -profesionales y empresas- ha sido de 6.260.

El vicepresidente recordó que esta medida estará vigente, en principio, hasta el 31 de julio, con lo que los profesionales del sector del transporte, los agricultores y ganaderos no pagarán ningún tipo de impuesto para la adquisición de combustible, puesto que la devolución alcanza el 99,9% del mismo. Hasta el momento, el Gobierno de Canarias practicaba una devolución del 68% del mismo.  Además, el IGIC del combustible en las Islas tiene tipo 0, frente al 21% de IVA que rige en el resto del Estado.

Rodríguez puso esta medida como ejemplo de aquellas iniciativas que puede adoptar una Administración autonómica para combatir la inflación galopante que afecta a todo el mundo, “con acciones puntuales de ayuda a los sectores más perjudicados y con ajustes fiscales específicos”.

A este respecto, el vicepresidente dijo que los gobiernos, incluso los más poderosos, se ven indefensos a la hora de establecer medidas que atajen la escalada de precios y que, en todo caso, las respuestas habrá que adoptarlas sobre el origen de los problemas.

Así, descartó, por ineficaces, rebajas generalizadas de impuestos y defendió las ayudas establecidas por Gobiernos como el canario a los sectores afectados.

Rodríguez señaló que “nos encontramos ante un momento preocupante, con una inflación global que no será fácil reconducir a corto plazo y que es previsible que se prolongue durante todo el año, según advierten los expertos”.

Ante ese escenario, el vicepresidente indicó que “nos tenemos que preparar para un periodo complicado, que tiene una primera consecuencia y es que la inflación nos hace más pobre a todos: a los trabajadores, a las empresas y a la administración pública, que en el caso de Canarias es el principal actor económico”.

En todo caso, el vicepresidente confió en que la buena marcha de la economía y el empleo en las Islas se mantenga en los próximos meses, de modo que no se sume a la elevada inflación una ralentización de la actividad económica.

Precisamente, subrayó las cifras récord en desempleo y afiliaciones a la Seguridad Social que ha registrado el Archipiélago en marzo, una tendencia que se viene anotando desde principios de año.

Soluciones desde Canarias

Rodríguez insistió en que la capacidad de respuesta de una administración autonómica es limitada para frenar la escalada de los precios, pero que a pesar de ello el Gobierno de Canarias ha adoptado diferentes medidas y seguirá impulsando iniciativas de carácter paliativo.

Entre ellas, el vicepresidente adelantó que el Gobierno de Canarias está negociando también la revisión de precios del transporte escolar y del transporte marítimo, en el entendido de que son de los más afectados por la inflación.

Del mismo modo, se están negociando ayudas adicionales para el sector ganadero y se complementarán todas aquellas medidas recogidas en el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, “que están bien, pero creemos que son insuficientes”, dijo. Sobre este particular,  Rodríguez indicó que las propuestas específicas para las Islas han estado claramente por debajo de lo que se esperaba.

Por otro lado, el vicepresidente también defendió el mantenimiento del actual diferencial fiscal entre Canarias y la Península ante la eventual reforma del sistema tributario español que se plantea en un informe elaborado por expertos.

Aun considerando que el debate sobre la reforma de la fiscalidad debería dejarse para otro momento, a la vista de las dificultades económicas actuales, Rodríguez consideró necesario avanzar en la progresividad y la justicia del sistema, con el objetivo último de garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales y el Estado del Bienestar.