Las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que constituimos la Cumbre Social nos reunimos ayer 1 de octubre para valorar la acción llevada acabo el pasado 15 de septiembre, las últimas medidas de recorte del Gobierno y, en función de todo ello, establecer la respuesta social necesaria para conseguir un cambio en profundidad, tanto en las formas como en el fondo, de las políticas que se están llevando acabo por parte del Ejecutivo.

El tercer encuentro de la Cumbre Social considera un éxito la marcha-concentración celebrada el pasado 15 de septiembre tanto por la participación registrada, como porque ofreció la oportunidad de hacer visible la convergencia de una amplísima pluralidad de realidades perjudicadas por la acción de gobierno. Centenares de miles de personas venidas de todos los rincones de la península, y representativas del diverso malestar social, se dieron cita en la plaza de Colón. Con esta declaración, la Cumbre Social quiere expresar su más sincero reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo realizado y el acto de civismo que protagonizamos. Al mismo tiempo, denuncia el burdo intento de los representantes gubernamentales, de algunos medios de comunicación, así como de Ministerio de Interior, por intentar minusvalorar el seguimiento real de la convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público. Basta recordar que, en ese mismo lugar y con una asistencia menor, los que ahora pretenden descalificarla habían asegurado reunir a millones de personas cuando la convocatoria era organizada por el entorno del partido que ahora nos gobierna.

El tercer encuentro de la Cumbre Social se ratifica en la exigencia del que fue el grito más unánimemente coreado el pasado 15S: Referéndum ya!

No hay duda de que estamos ante un flagrante fraude electoral, como no hay duda de que el Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado, como está sucediendo con la “secreta” negociación del rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa que mermar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática. En este sentido la exigencia de que se convoque un Referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del Gobierno se convierte también en una exigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos.

El tercer encuentro de la Cumbre social ha tenido ocasión de valorar lo que en estos momentos se puede conocer del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y las organizaciones presentes hemos coincidido en denunciar tanto la truculencia en su presentación como sus contenidos. En efecto, el Gobierno ha vuelto a incurrir en un ejercicio de funambulismo político, que no es otra cosa que un nuevo intento de manipulación de la opinión pública al presentar el proyecto pues ha ocultado sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las CCAA la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social, por otro, oculta su verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones (medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente criticada por el PP cuando el anterior gobierno no la aplicó) y todo ello intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía, ganar tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País Vasco.

De su contenido debemos denunciar con todas nuestras fuerzas que estamos ante unos Presupuestos que van a hundirnos más en la crisis e incrementar todavía más nuestra tasa de paro. Sólo contemplan recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que empezando por perseguir decididamente el fraude permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.

Esta situación se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual y no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más que un 1%. En unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.

En el proyecto de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente, etc.

Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las CCAA tengan que elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en educación y sanidad, servicios que dependen esencialmente de ellas (no podemos olvidar que ya se están planteando medidas como el copago del transporte sanitario), habida cuenta de que el Gobierno no les ha dado el margen de tiempo para reducir la deuda que España ha ganado de la Unión Europea.

El actual proyecto, junto a tanto recorte en inversión y gasto social si contiene lo que a la inmensa mayoría de la población española nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el sistema bancario.

Más crisis, más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que solo se salvan las élites económico-financieras que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.

En estas condiciones el tercer encuentro de la Cumbre social ha acordado:

Convocar manifestaciones el próximo domingo 7 de octubre en todas las capitales de provincia para expresar el rechazo a estros presupuestos y para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro mermado Estado del Bienestar.

Darnos un plazo para que cada organización valore la posibilidad de convocar una Huelga General, con profundo carácter social, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de PGE para 2013.
Explorar las posibilidades de coordinar las acciones anteriormente previstas con otros países de la Unión Europea. Las organizaciones que formamos parte de la Cumbre Social estamos convencidas que hay que hacer frente a políticas nacionales tan lesivas para la mayoría de la población pero que también hay que hacerlo con las directrices que emanan de la Unión y que se están cebando particularmente con los países del sur de Europa.
Poner en marcha la campaña de exigencia de un Referéndum sobre la acción del Gobierno. Campaña que consistirá en la recogida de firmas entre la ciudadanía y que contará con una Comisión Promotora que se reproducirá en toda la geografía española y que llegará hasta los centros de trabajo