El Consejo de Ministros ha aprobado este 27 de julio de 2012 varios proyectos de ley que enviará al Congreso: contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social, la ley de transparencia y la ley orgánica de modificación del Código Penal relacionada con los delitos de fraude laboral.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha presentado estas modificaciones como un intento de "cambiar de mentalidad" en lo público y en lo privado y de "recuperar la confianza y la credibilidad".

Se va a acabar "con esa visión tolerante sobre el que defrauda", ha dicho, sobre "el que te pregunta sobre si emite facturas con o sin IVA".

"Nadie puede ir de listo por la vida sin pagar impuestos, trabajando y cobrando subvenciones con los impuestos de los españoles", ha dicho Soraya antes de pasar a explicar la Ley de Transparencia.

Una ley a la que estarán sujetos los órganos constitucionales en función administrativa y también las sociedades mercantiles en las que la presencia del capital público suponga más del 50%.

Uno de los puntos más importantes de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es que los gestores públicos que falseen las cuentas u oculten datos, generando un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.

El proyecto incorpora las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos, según ha explicado la vicepresidenta.

Además, esta legislación conllevará una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haber sido penado con una sanción grave sea "causa de ilegibilidad".

Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

"Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final".

Otra de las principales medidas será ampliar de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación, "a veces difíciles de perseguir y descubrir", ha dicho la portavoz del Gobierno.

Además se va a potenciar por otra parte la colaboración de la inspección de trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas como el consejo general del notariado.

Se amplía también el plazo de actuación de la inspección en los casos de gran complejidad y se una vuelta de tuerca a la tipificación de las infracciones, ha añadido la vicepresidenta.

Así, por ejemplo será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y las vacaciones devengadas y no disfrutadas.

Muy grave pasará a considerarse dar ocupación a trabajadores que están en suspensión de contratos o con ocupación de jornada completa cuando tienen autorizada una reducción de jornada, o comunicar fuera de plazo datos relevantes a la seguridad social.

En este caso, la sanción será mayor si perjudica a un mayor número de trabajadores.

La Inspección de Trabajo, tras realizar en el primer semestre 10.209 actuaciones relacionadas con las prestaciones por desempleo, detectó a 4.379 trabajadores que cobraban de manera fraudulenta el paro pues al mismo tiempo tenían una ocupación, cifra que supone un 38,4% más que en igual periodo de 2011, ha explicado Soraya.
De cinco a seis años por fraude

La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.

Por otra parte, la ley de Transparencia regula el derecho de acceso a la información de las instituciones públicas y establece un "código de buen gobierno" que deberán respetar todos los cargos de todas las administraciones, con un régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.

La norma castiga también la administración de recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria; o la ausencia de justificación de las subvenciones.

Se sanciona en la misma línea el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.