El “modelo del plan de ajuste”, que los Ayuntamientos tienen que remitir a Hacienda para garantizar su estabilidad presupuestaria, incluye un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos. El Gobierno quiere garantías sobre las decisiones que adoptarán los alcaldes para equilibrar sus presupuestos.

 El minucioso modelo, diseñado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y publicado el pasado viernes en el Bolétín Oficial del Estado (BOE), requiere a los Ayuntamientos para que precisen, entre otros conceptos, “la reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)”. Y eso a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró la semana pasada que el plan para pagar a proveedores “permitirá crear o salvaguardar entre 75.000 y 100.000 empleos públicos”

El titular de Hacienda también señaló que “no se va a destruir empleo público, ni se va a bajar el sueldo de los funcionarios”. Aunque aludía al efecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y se refería a los trabajadores de la Administración central, lo cierto es que al incluir este requerimiento en el modelo oficial que deben completar los Ayuntamientos deja la puerta abierta a esta medida.

Otra de las partidas que deben precisar los municipios consiste en valorar la “regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso”. Es decir, ya prevé las posibles consecuencias sobre las plantillas municipales de la nueva reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla despidos procedentes con la indemnización más baja en caso de insuficiencia presupuestaria. Los alcaldes también deben cuantificar el impacto de la “reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local”. O el ahorro que supondrá “la regulación de régimen laboral y retributivo de las empresas públicas considerando aspectos como el sector de actividad, volumen de negocio o percepción de fondos públicos”.

El formulario oficial establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. Los datos reclamados por Hacienda en el apartado de ingresos pueden dar pistas sobre cómo afrontará el Gobierno el espinoso ajuste fiscal de este año, por un importe total de 17.500 millones de euros. Hacienda pide a los municipios que especifiquen las “subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias”.

Toda esta información será la que tengan que remitir al Ministerio los 4.622 Ayuntamientos que presentaron el pasado jueves 1.931.976 facturas pendientes de pago, por un importe de 9.584 millones de euros, ante Hacienda. Ante la avalancha de información por parte de los municipios, el Ministerio recurrió al sistema informático utilizado por el anterior Ejecutivo socialista para el Fondo Estatal de Inversiones Locales (FEIL), conocido como Plan E.

El Ministerio dispone ahora de dos semanas para revisar y valorar toda la información remitida por los Ayuntamientos. Una vez que el Gobierno valide todos los planes de ajuste, los proveedores podrán comenzar a cobrar sus facturas. Está previsto que puedan hacerlo a partir de mayo. Además, los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste. En caso de incumplimiento, el Estado podrá retener parte de las transferencias que realiza a los Ayuntamientos.

El plan de pago a proveedores, en el que participarán todas las entidades financieras, incluido el ICO, ha puesto a disposición de los Ayuntamientos una línea de crédito de 35.000 millones de euros para pagar las facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas. Los responsables de Hacienda esperaban que acudieran a este mecanismo de financiación la práctica totalidad de los municipios con una deuda pendiente de 17.000 millones, aunque finalmente solo se han acogido poco más de la mitad de los Consistorios, con facturas pendientes por 9.584 millones.

Este instrumento permite que los proveedores puedan cobrar sus facturas directamente a través del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores, creado a tal efecto. Los Ayuntamientos deberán pagar un tipo de interés próximo al 5% y tendrán 10 años para amortizar el préstamo, con dos años de carencia. El Ministerio de Economía y Competitividad aportará hasta 6.000 millones de euros a ese fondo, de los que 1.500 millones los depositará este mismo año.