El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para apoyar a los afectados por  las erupciones volcánicas en La Palma, reparar los daños y reconstruir  económica y socialmente la isla. El Gobierno moviliza así más de 213 millones de euros con el fin de dar una respuesta transversal, específica y suficiente  que permita lograr una recuperación sólida, rápida e integral.  

En el Real Decreto-Ley han participado 17 ministerios, coordinados por el  ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,  Félix Bolaños, y su contenido se abordó en la primera reunión de la Comisión  Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de  La Palma, celebrada el lunes 4 de octubre.  

Se contemplan dos categorías de medidas:  
- Subvenciones y ayudas directas para paliar los daños en viviendas, locales,  entornos productivos y medio ambiente.

- Actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y  social de la isla.  

Las iniciativas adoptadas se encuadran en diez ámbitos: 

1.- Viviendas y establecimientos de negocios 
Se contemplan ayudas directas a personas físicas para supuestos de  destrucción o daños estructurales en viviendas —de hasta 30.240 euros— y en  establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También para que las  corporaciones locales puedan afrontar los gastos derivados de la emergencia  —con una cobertura de hasta el 100%—. 

2.- Empleo, Seguridad Social y planes de pensiones 
Se financiará un Plan extraordinario de Formación y Empleo para la isla por un  valor de 63 millones de euros. Asimismo, se va a permitir una moratoria de  hasta un año sin interés en el pago de las cuotas de la Seguridad Social devengadas entre octubre y enero o el aplazamiento del ingreso con un interés  reducido del 0,5% —siete veces menor al habitual—. Además, se prevé el  rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, como también se hizo en  la pandemia, con el fin de poder atender necesidades de liquidez de las  familias.  

3.- Sector agrario y pesquero 
Se habilitarán distintas medidas, valoradas en 20,8 millones de euros, para  paliar los daños ocasionados por la colada y las cenizas en las explotaciones  agrícolas y ganaderas, así como ayudas para el sector pesquero afectado por  la actividad volcánica. Además, habrá beneficios fiscales —mediante la  reducción de los índices de rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de  las Personas Físicas (IRPF)— y subvenciones para la obtención de avales —a  través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)—. Los  afectados podrán así obtener préstamos que aseguren la viabilidad y normal  funcionamiento del sector.

4.- Suministros 
Las empresas y autónomos podrán suspender de forma temporal los contratos  de suministro de electricidad, el pago de las facturas durante medio año y  cambiar las potencias contratadas. De igual manera, se permitirá la resolución  de los contratos de instalaciones que hayan resultado destruidas.  

5.- Infraestructuras y movilidad 
Se contempla la concesión de subvenciones a los ayuntamientos y al Cabildo  Insular de La Palma para ejecutar proyectos de reparación, restitución o  reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios  de titularidad municipal o insular, incluyéndose la red viaria y las conducciones  para asegurar el suministro de agua para abastecimiento y regadíos. 

Asimismo, se prevé la concesión de una subvención al Cabildo de La Palma,  por importe de 500.000 euros, que se hará llegar de forma inmediata para  financiar las obras de emergencia en la red viaria insular que permitan  garantizar la movilidad en la zona afectada. 

En referencia a los contratos de navegación, se incluye como prestación las escalas necesarias para conectar La Palma con la Península y con el resto de  islas mayores del archipiélago canario.  

6.- Medidas tributarias 
Quedan exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al 2021 las viviendas y establecimientos dañados. Se reducen también las cuotas  del Impuesto de Actividades Económicas. 

Se aplaza el ingreso de la deuda tributaria correspondiente a aquellas  declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e  ingreso finalice desde el día siguiente de la entrada en vigor de esta norma  hasta el 31 de enero de 2022.  

Además, se contempla la exención en el pago de la Tasa de Acreditación  Catastral, la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales  para potenciar las inversiones empresariales en la isla y deducciones por  declaración de zona de interés para mecenazgo.

7.- Protección de los consumidores  
Se suspenden los plazos para ejercer el derecho de desistimiento de  adquisiciones de bienes y servicios y se prevé la exoneración del cumplimiento  de contratos de compraventa o prestaciones de servicios y suministros.  Además, se suspenden las obligaciones de pago de intereses y principal para  préstamos y créditos —con y sin garantía hipotecaria—, independientemente  de si están o no al corriente de pago.  

8.- Servicios sociales y violencia de género 
Se contempla una ayuda de 500.000 euros para la financiación de medidas  preventivas y de atención a víctimas de violencia de género, de otras formas  de violencia contra las mujeres y para víctimas de delitos de odio afectadas por  la catástrofe. Asimismo, se incluye una financiación extraordinaria a la  Comunidad Autónoma por importe de 500.000 euros para la prestación básica  de servicios sociales.  

9.- Recuperación de biodiversidad, espacios naturales e investigación 
Se recogen ayudas para recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en  la Reserva de la Biosfera de La Palma y el área de influencia socioeconómica  del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. También se prevén ayudas  para la reparación de daños en la biodiversidad y el patrimonio natural y para  investigar el volcán y sus erupciones.  

Se abre la posibilidad de llevar a cabo las actividades de investigación  relacionadas con las erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre  la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los  terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente  científico.

Para ello, se permite conceder ayudas a entidades y organismos,  tanto públicos como privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en  este ámbito; a suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y  cooperación con las Administraciones públicas más cercanas geográficamente  al lugar de la erupción y a promover cuantas actuaciones sean precisas para  garantizar la continuidad de la actividad científica, técnica e investigadora  desarrollada por las administraciones públicas y entidades vinculadas.

10.- Medidas complementarias 
Se crean sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de  consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido  sus casas.