El Ministerio de Hacienda tiene a su troika particular dispuesta a meter en cintura a cualquier organismo díscolo. Cristóbal Montoro lo va demostrando con paciencia, programando sucesivos planes de rescate a cambio de draconianos recortes para que “voluntariamente”, comunidades autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones vayan encarrilando sus números. La receta siempre es la misma: el Estado afloja la soga de la deuda a cambio de más y más ajustes.

Primero fueron los 272 Ayuntamientos que incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2011 y tuvieron que presentar un plan económico. Otros 101 se acogieron a la desesperada a aplazamientos en sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social el año pasado y ahora Montoro ha identificado que 361 municipios no podrán amortizar los 4.574 millones que solicitaron en el primer Plan de Pago a Proveedores (PPP). Presentan problemas graves de liquidez: ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativo o un volumen excesivo de deudas con acreedores públicos.

Es decir, tienen problemas de solvencia que no son transitorios. Hacienda no señala individualmente a nadie, es más, Cristóbal Montoro no deja de repetir que el conjunto de los municipios españoles son “un ejemplo a seguir”. Los 8.117 pueblos y ciudades del país son la administración más saneada, responsable de un superávit de cuatro décimas en 2013, unos 4.000 millones de euros. La mayoría ha equilibrado gastos e ingresos gracias en buena medida al despido de trabajadores no funcionarios y a la congelación de las inversiones.

Pero esos 361 consistorios de los que habla Hacienda tienen una situación bien distina. El Gobierno les ofrece ampliar de 10 a 20 años el periodo de amortización de los créditos y de dos a cuatro años el plazo de carencia que vence el próximo mes de agosto.

Todo ello con una rebaja de los intereses del 0,41%. “Estamos a un año de las elecciones municipales muchos alcaldes no se lo pensarán dos veces”, reflexionan desde una Federación de Municipios autonómica. Pero el jarabe del ministerio, a cambio de condiciones de devolución más laxas, tendrá un gusto amargo: los alcaldes estarán obligados a reducir gastos de funcionamiento, a financiar íntegramente el coste de los servicios que prestan con tasas o precios públicos y no podrán crear nuevos entes paralelos, como tampoco podrán encadenar prórrogas de los presupuestos por más de un año.

La liquidez que obtengan deberá ingresarse en una cuenta bancaria de titularidad restringida que podrá ser supervisada directamente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del ministerio. Y durante el periodo de amortización tendrán limitaciones para pedir préstamos.

El Estado podrá tener acceso a toda la información del municipio que crea relevante y los incumplimientos forzarán la anulación de las medidas de apoyo. Este rescate, que el Gobierno califica de “ayuda, no de estigmatización”, ya lo están aplicando en 101 alcaldías.

Algunas ciudades ya han saludado el plan: el portavoz del Ayuntamiento de Jaén, Miguel Ángel García Anguita (PP), lo ve como “un respiro para las arcas municipales, que están peor de lo que la gente se puede imaginar, arruinadas por [la anterior gestión de] PSOE e IU”.

El plan contempla otras medidas para 1.925 Ayuntamientos que han pedido 3.771 millones y que podrán reducir los intereses de esos créditos sin nuevos recortes. Con ello se podrán ahorrar entre 183 y 271 millones. Las comunidades autónomas podrán hacer lo mismo para rebajar en casi 1.000 millones los intereses.