PALOMA CERVILLA / MADRID.Cuando Mariano Rajoy llegó al Palacio de la Moncloa el pasado 21 de diciembre, después de jurar su cargo como presidente del Gobierno, empezó a bucear en las cuentas que le había dejado como herencia su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. La realidad, en algunos casos, distaba mucho de lo que en el traspaso de poderes le habían contado y de la situación a la que Rajoy creía que tenía que enfrentarse.

Siete meses después de conquistar la ansiada Moncloa, las facturas que Zapatero dejó sin pagar se acumulan en el despacho de Rajoy. Una situación «endiablada», como reconoce a ABC un miembro del Gobierno, que sitúa a España al borde del rescate. La situación es tan difícil, que hasta el propio expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que admitir en una entrevista concedida a la cadena Al Jazeera que «sufriríamos menos si hubiéramos ahorrado más y hubiéramos tomado menos dinero prestado del exterior».

Aunque el presidente del Gobierno repite una y otra vez que «las herencias se reciben sin derecho a inventario» también insiste que los españoles tienen que saber la verdad de las cuentas del Estado. Unas cuentas que se resumen en una deuda total de 997.000 millones de euros, el 92,1 % del PIB, de los que 800.000 millones corresponden a todas las administraciones (central, autonómica y local). Ello obligará a destinar el año que viene 38.000 millones a los intereses del dinero que se ha tenido que pedir prestado al exterior. Nueve mil millones más que este año. Si no se hubiera gastado tanto en los ejercicios anteriores no se tendría que destinar tanto al pago de los intereses, y no hubiera sido necesario tener que hacer tantos recortes

Estas son algunas de las facturas que Zapatero dejó sin pagar. En otras palabras, los pufos» que se ha encontrado el Gobierno del PP:

1.- Pufo del déficit: 25.000 millones

El Gobierno de Zapatero se había comprometido con la Unión Europea a finalizar 2011 con un déficit del 6%. Días después de llegar al Gobierno, Rajoy se encontró que era del 8%, y a día de hoy ha terminado siendo del 8,9. El presidente aseguró el 2 de abril ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que el año pasado «gastamos 25.000 millones de euros más de aquellos que nos habíamos comprometido con nuestros socios de la Unión Europea». Además, se gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos.

Al incumplirse el objetivo de déficit, hay que ahorrar 18.000 millones de euros más de lo previsto. Esto se traduce en más ajustes.

En este incumplimiento del déficit se sitúan gran parte de los males, en forma de recortes, que acechan a España. Desde 2008 se encuentra dentro de los países europeos en procedimiento de déficit excesivo y la decisión del Ecofin de relajar las previsiones de déficit para 2012 (del 5,3% al 6,3), 2013 (del 3 al 4%) y llegar al 2014 con el 3%, está supeditada a la subida del IVA, la reforma de las administraciones y los demás ajustes aplicados por el Gobierno.

2.- Pufo financiero: 62.000 millones

De aquella afirmación de Zapatero en Nueva York en septiembre de 2008 de que «tenemos uno de los sistemas financieros más solidos de la comunidad internacional» a la petición de una ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros a la Unión Europea, solo distan cinco años. Aquel «optimismo antropológico» del expresidente le impidió ver la realidad de un sector que se desangraba y que, a día de hoy, y según los informes de los expertos, necesitará, al menos, una inyección económica de 62.000 millones de euros. Ha sido necesario nacionalizar Bankia, que necesitará unos 20.000 millones de euros para sanearse, a riesgo de que arrastrara en su quiebra la credibilidad del sistema financiero; así como Novagalicia, CatalunyaCaixa y Caja de Valencia.

El crédito concedido por el Banco Central Europeo está condicionado a cierre de sucursales e incluso de los bancos que no sean rentables.

3.- Pufo sanitario: 16.000 millones

La deuda que arrastra el sistema sanitario español se eleva a los 16.000 millones de euros. Desde 2003, esta deuda ha crecido un 17 por ciento, pasando de 3.000 millones a los 16.000 que se deben en la actualidad. Una hemorragia que no ha sido evitada y que ha puesto en peligro la asistencia sanitaria gratuita. Uno de los mayores problemas del sistema es el gasto farmacéutico. Algunos datos demuestran el escaso control que ha habido sobre la dispensación de medicamentos. Se ha detectado que 200.000 personas, sin ser pensionistas y estar en activo, tienen una tarjeta sanitaria.

La solución para poder equilibrar el sistema ha sido la aplicación del copago farmacéutico y un mayor control de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, intentando cortar así el turismo sanitario, la gente que venía a España solo para recibir asistencia sanitaria.

En lo que se refiere a la Ley de Dependencia, se han contabilizado 2.724 millones más de la financiación prevista y 225.000 dependientes más de la estimación realizada.

4.- Pufo en infraestructuras: 20.730 millones

La deuda total de las infraestructuras ferroviarias es de 20.730 millones de euros, según dio a conocer la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado vienes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Solo Renfe tiene una deuda de 5.200 millones; Feve (Ferrocariles Españoles de Vía Estrecha) 530 y unas pérdidas de 150, y Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) 15.000.

En España hay 176 estaciones con menos de un viajero al día y 52 servicios con una ocupación por debajo del 15%.

5.- Pufo eléctrico: 24.000 millones

Rajoy ha calificado de «descomunal» el problema que arrastra el sector eléctrico «porque nos han dejado una deuda de 24.000 millones de euros». Para intentar solucionarlo «hemos tenido que subir la tarifa de la luz».

6.- Pufo en las empresas públicas: 56.000 millones

Las cuatro mil empresas públicas, fundaciones y consorcios que tienen las tres administraciones públicas acumulan una deuda de 56.000 millones de euros, de los que 32.000 corresponden a las empresas estatales; 13.870 a las autonómicas y 9.328 a las locales.

El Gobierno ha insistido en la necesidad de eliminar una gran parte de estas empresas, que cuestan 200.000 millones al año. Las Autonomías se resisten y en el primer trimestre del año solo han cerrado dos.