Los rumores de archivo de la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benitez ante la Fiscalía General Anticorrupción,  son el sonido  de fondo de este miércoles  en lo que puede convertirse en un culebrón que afecta al presidente del Consejo General  del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar ante sus gastos de comidas y hoteles en Marbella en fines de semana que han durado de jueves a martes y con la sospecha latente de si se ha utilizado dinero público en gastos privados. El Poder Judicial ya facilitó a Goméz Benítez los gastos de Dívarm quien los entregó al fiscal Casallo, encargado del caso, mientras hoy el diario El País anunciaba que ya estaba preparada la documentación de los 14 viajes restantes, más de cien folios de datos.

No creen que Dívar dimita
“Sí que están llegando rumores de un posible archivo por parte del fiscal –explicaban a ELPLURAL.COM fuentes de la judicatura- y eso sería un cierre en falso. Hay que aclarar las cosas porque siempre quedará la duda, es mejor llegar al fondo del asunto”. ¿Y en cualquier caso? ¿Dimitiría Carlos Dívar ante la situación creada? “No parece probable que dimita. Hay una opinión mayoritaria en el sentido de que se aferrará al puesto”.

Del hazmerreír al escarnio
Si así fuera, las mismas fuentes consideran que tal  situación llevaría a una desagradable situación a la institución. “Se está produciendo un daño a la credibilidad del Consejo y sus representantes, difícil de recuperar. Las imágenes bastante recientes de Dívar junto al rey hablando de justicia e igualdad se ven ahora bajo una nueva luz. Lo malo es que en este sentido todo va a peor y si esto ha podido ser el hazmerreír, ahora pasaremos al escarnio”, concluyeron.

 Jueces para la Democracia toma postura
Este asunto no deja a nadie impávido. Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado manifestando su inquietud. “Ante las informaciones divulgadas en los últimos días en relación con la denuncia presentada por un vocal del Consejo General del Poder Judicial  que afirma la existencia de posibles irregularidades en la utilización de dinero público del presupuesto de dicho órgano por parte de su presidente, Jueces para la Democracia quiere hacer pública su preocupación y reclama la máxima transparencia en el gasto originado por esta institución y el sometimiento a criterios de austeridad y racionalidad en el mismo”.

Aclarar los hechos
Continúa el escrito: “El CGPJ es una institución fundamental en la defensa de la independencia judicial. Precisamente por ello, sus miembros están sometidos a una especial exigencia de responsabilidad en la gestión, de transparencia en sus decisiones y de diligencia en sus explicaciones públicas. Las instituciones de control judicial, pero también institucional y político, deben cumplir con sus funciones y aclarar los hechos denunciados a la mayor brevedad”.

La justicia trabajando en precario
“Confiamos en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, pero la dignidad del cargo ocupado por el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo creemos que le obliga a dar públicamente las explicaciones precisas con el mayor nivel de concreción posible, evitando manifestaciones reveladoras de escasa sensibilidad con la situación económica que padece gran parte de la ciudadanía. El hecho de que en muchos de los órganos judiciales que componen la organización judicial de nuestro país se esté trabajando en precario, con déficits materiales y de personal que obligan a dar una respuesta tardía a los ciudadanos y hacen recaer en el esfuerzo extraordinario de los profesionales que los atienden la solución a tales carencias, contrasta con tales manifestaciones”, recuerdan los jueces.

Publicitar los gastos y replantear la idoneidad
Por último y ya aparte del resultado de la investigación en curso sobre este caso, la asociación progresista exige del Consejo General del Poder Judicial “la publicitación de los gastos originados con cargo del órgano y la aprobación de un protocolo de austeridad que proporcione parámetros a los que ajustar los mismos, como medio para reforzar en la ciudadanía y en la carrera judicial la confianza en su órgano de gobierno, esencial para la estructura del Estado de Derecho” Y concluyen: “En todo caso, si finalmente se acreditaran los hechos referidos en las diversas denuncias, sería momento de replantear la idoneidad de quienes hayan adoptado esas decisiones en cargos de tal relevancia”.