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lunes, 16 de diciembre de 2024 09:30h.

El PP y su Ley de Telecomunicaciones viola el derecho constitucional sobre la propiedad privada

La nueva la ley general de telecomunicaciones en materia de Antenas de Telefonía Móvil supone dejar a los propietarios al pie de los caballos ya que las azoteas de los immuebles podrán ser "expropiados" para la instalación de las mismas.

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Totalmente desasistidas si no quieren que una operadora les instale en su azotea un poste de antena.

La Ley elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Solo tendrán que hacer una declaración "responsable" ante el Ministerio de Industria.

Este es el verdadero PP.

Las empresas de telefonía podrán colocar sus antenas donde quieran, sin pedir ningún permiso al ayuntamiento, ni urbanístico ni medioambiental.
Por tanto, las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil a partir de que se apruebe el texto definitivo de la reforma de la ley van a desaparecer totalmente. No solo desaparece la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien autorice la colocación de una antena en la azotea de un edificio ya que la nueva ley le quita totalmente las competencias sino también desaparece cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de una antena de telefonía.

La normativa municipal que ahora existe sobre los planes de implantación y las distancias con los centros sensibles como centros de salud o colegios, desaparecerá. Quedará derogada toda la normativa municipal con la nueva regulación. La ausencia de autorización necesaria del Ayto. junto con la necesidad de establecer servidumbre de paso en todas las azoteas, cambiará totalmente.

Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Y declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas. La indefensión ciudadana va a ser terrible. Además, la nueva Ley obliga a las otras administraciones a colaborar en la ubicación y colocación de las antenas y da a las empresas de telefonía, capacidad expropiatoria.