Josu Erkoreka, portavoz del PNV en Madrid, dibujaba en pocas palabras la sensación de flashback que inundó irremediablemente el Congreso esta mañana negra. El Mariano Rajoy de hoy que tenía que dar cuentas de la cumbre del Consejo Europeo de junio y del viraje radical de su política económica se parecía mucho, muchísimo, al José Luis Rodríguez Zapatero del 12 de mayo de 2010, cuando el entonces presidente del Gobierno anunció el que se dio en llamar el mayor tijeretazo social de la historia de la democracia.

Las palabras se quedaron esta mañana cortas para definir el brutal hachazo que el Gobierno del PP asesta al Estado del bienestar. De hasta 65.000 millones de euros en dos años y medio, casi cinco veces más del aplicado por Zapatero en 2010 (15.000 millones). Con castigos tan impopulares como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios públicos, la reordenación de las Administraciones Públicas, el ajuste adicional de 600 millones de euros en los ministerios, otra merma a las ayudas a partidos y sindicatos, la reforma de las pensiones o el alza de los impuestos medioambientales. Sin que, en contrapartida, se grave más a las rentas más altas. Pero ese espectacular recorte quedó revestido con la misma letanía que acompañó también al discurso del anterior jefe del Ejecutivo: no hay más salidas, esto es lo hay que hacer, no se puede hacer otra cosa. Y aún más: Rajoy reconoció que España está tutelada, sin manos libres, sin autonomía. Intervenida, a fin de cuentas, aunque en ningún momento empleó esa palabra. "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas", expuso a las claras.

"Hacemos lo que no nos queda más remedio. Estoy haciendo lo que no me gusta", asume

El presidente tuvo también que asumir que ha devorado por completo su programa electoral. "No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no. Yo soy el primero en estar haciendo lo que no me gusta", sostuvo, casi implorando perdón a sus votantes.

Ajustes "no agradables", pero sí "imprescindibles"
La retórica dramática, churchilliana, centrada en la cultura de los esfuerzos sin cuento con la esperanza de una recuperación sin fecha, hizo de puesta en escena del anuncio de una batería de medidas que el propio Rajoy asumió que "no son agradables" y "duelen a cada persona", pero que sí son "imprescindibles".

El presidente tardó en entrar en materia, intentando retrasar el sinsabor del relato de los ajustes obligados por la Unión Europea y motivados por el desbocamiento del déficit –3,41% del PIB hasta mayo, nueve milésimas menos del tope de todo el año, 3,5%–. Lo prologó con la información del Consejo Europeo y de los acuerdos alcanzados con los países del euro. Después desenfundó el cuchillo y desembuchó medida tras medida de forma rápida, con gesto serio, como en su día hizo Zapatero. Aunque no con la imagen cansada y con ojeras que lució en 2010 el expresidente. Esta vez no envió a sus ministros a quemarse ante la opinión pública. Esta vez lo hizo él mismo, asumiendo todo el coste de la impopularidad de su iniciativa.

Aumentarán los impuestos del tabaco y se reforman los tributos verdes

Los recortes de Rajoy (los nuevos, porque el serial empezó el pasado 30 de diciembre) contemplan medidas de rebaja del gasto y de aumento de los ingresos. De todas ellas, quizá la más dolorosa y la de mayor impacto es la subida del IVA que aprobará el Consejo de Ministros de este viernes. El tipo general aumentará tres puntos –del 18% al 21%–; el reducido, dos, del 8% al 10%, y el superreducido, el que se aplica a productos de primera necesidad, se mantiene en el 4%. Rajoy en su día criticó furibundamente el alza aprobada por Zapatero, jamás dijo que subiría la imposición al consumo en campaña electoral y, ya en el poder, intentó resistirse a la evidencia. Pero al final cayó.

El aumento del IVA irá de la mano de una subida de los impuestos del tabaco y de una reforma de la tributación medioamiental, bajo el principio de "quien contamina paga". No aportó mayor concreción. Como contrapeso, se aprobará una rebaja de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios –menguarán un punto en 2013 y otro punto más en 2014– y se realizarán modificaciones en el sistema de pago fraccionado de Sociedades.

Fuera la paga también de diputados y senadores
El segundo retoque de calado afecta a la prestación por desempleo, en muchos casos el sustento básico y único para los 5,6 millones de parados del país. La ayuda seguirá percibiéndose 24 meses como máximo y se mantendrá el importe actual durante el primer semestre. Pero aquí viene el cambio: con el objetivo teórico de "animar a la búsqueda activa de trabajo", los que se sumen a la cola del paro verán menguada su prestación a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora.
Se exigirá haber trabajado para acceder a la renta activa de inserción.

Recortes en dependencia y reducción de los liberados sindicales

A su vez, se llevará al Pacto de Toledo un proyecto de ley para "acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad". Esto es un elemento que se introdujo en la reforma del sistema de las pensiones que aprobó Zapatero en 2011 y que afecta al periodo de cómputo de la prestación en función de la esperanza de vida de la población. En suma, lo que pretende el Ejecutivo es revisar los factores que influyen en la cuantía de las pensiones. Por otro lado, se endurecerá el acceso de la jubilación anticipada.

Tajo también a la dependencia, otra de las vacas sagradas que el presidente prometió dejar a resguardo: "Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas". No hay por ahora más pormenor que lo adelantado ayer martes por Ana Mato, ministra de Sanidad. Al tiempo, se suprimirá un "gran número de las actuales bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores", que introdujo la reforma laboral de Fátima Báñez, "o a la inserción laboral de las personas discapacitadas".

Bajo el rótulo "revisión integral de la función pública", Rajoy enmascaró un profundo empeoramiento de las condiciones de los funcionarios. Se les reducirá el número de días de libre disposición –los llamados moscosos–, se "ajustará" el número de liberados sindicales a lo previsto por la ley –sigue el presidente la estela ya iniciada por Esperanza Aguirre en 2012–, "se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores" y se "facilitará" su movilidad. Y lo más importante: se les quitará, a funcionarios y cargos públicos de todas las administraciones, la paga extra de Navidad en 2012. Rajoy pidió que ese "esfuerzo" fuera compartido por diputados y senadores. Una reclamación que saldrá seguro sin contratiempos, ya que las Cortes son controladas por mayoría absoluta por el PP. A los empleados públicos, y sólo a ellos, se les compensará la suspensión de su paga de Navidad en 2015, pero no en metálico en sus cuentas, sino a través de la "correspondiente aportación en el fondo de pensiones".

Cambios en las administraciones

El presidente cosechó de los diputados de su bancada uno de los primeros aplausos tras el anuncio de una medida más populista que otra cosa: el recorte en un 30% del número de concejales, para lo que tendrá que cambiar la Ley Electoral. Se fijará en la Ley de Presupuestos la retribución de alcaldes y ediles en función del tamaño del municipio. Se producirá una "drástica reducción –e incluso eliminación– de empresas públicas en el ámbito local para evitar "duplicaciones y triplicaciones de servicios".

Los ministerios sufrirán otro mordisco de 600 millones en 2012

Los ajustes irán acompañados de una reforma de la Administración local ya esbozada en las últimas semanas. Se delimitarán las competencias de cada escalón de la Administración, se descarga a los ayuntamientos de las llamadas competencias impropias y se refuerza el papel de las diputaciones provinciales para centralizar la prestación de servicios.

Las comunidades autónomas serán obligadas a apretarse su ya más que corto cinturón y tomar las decisiones que hagan falta para conseguir alcanzar sus objetivos de déficit. Aunque mañana jueves se concretará más en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente ha adelantado que se pondrá en marcha un "instrumento financiero que garantice la liquidez suficiente para que las CCAA hagan frente a sus compromisos financieros". O sea, los llamados hispanobonos. Aquellas regiones que se acojan al plan deberán apencar con más recortes y subidas de impuestos o, en la terminología gubernamental, una "condicionalidad y control adicionales del Estado".

El gasto en los ministerios se reducirá en 600 millones de euros adicionales. Una evidencia más de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que llevan en vigor apenas una semana, ya no sirven. La tijera se meterá en los créditos destinados a subvenciones, gastos corrientes y transferencias. Para 2013, el Gobierno menguará más aún las ayudas a partidos, empresas y sindicatos. Se contraerán un 20% más, cuando ya en este ejercicio habían decrecido en la misma cantidad.

Para el epílogo dejó Rajoy otras medidas de contenido más difuso: leyes de unidad de mercado, liberalización del sector servicios, reforma energética y flexibilización de los horarios comerciales. Dejó caer la privatización de Renfe, de puertos y aeropuertos.

Situación "extraordinariamente grave"
Gritos de "¡Dimisión, dimisión!" al término del discurso del presidente

"El panorama que he presentado es más bien sombrío". Rajoy culminaba así la andadura de un relato que, a diferencia de otras ocasiones, no estaba preñado de referencias a la herencia recibida por el PSOE. "Nos encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso corregirla con urgencia", reforzó Rajoy. "Tenemos que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes. Y aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias. Porque no hay mucho que escoger: o reducir los gastos o aumentamos los ingresos, o si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas". El presidente ensayó un ejercicio de contrición: "Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a bajarlos cuando sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración". Un alegato semejante al "me cueste lo que me cueste" que entonó Zapatero en el debate del estado de la nación de 2010.

Y como Zapatero, Rajoy apeló a la unidad colectiva, a la "colaboración de todos". Porque tras el dolor y el látigo, vino a decir, llegará la tierra prometida, la recuperación de la crisis: "¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas? La respuesta es un sí con toda rotundidad. Estoy convencido de que al final del sacrificio nos espera la recompensa", pues España aún conserva "fortalezas económicas, estructurales, demográficas, incluso morales".

El pleno recibió con profundo malestar el discurso de Rajoy. El rumor fue creciendo de menos a más, según el presidente soltaba, una tras otra, medida dura tras medida dura. Al final, entre el aplauso de su bancada, puesta en pie, se oyeron gritos de la izquierda: "¡Dimisión, dimisión!".

La sangre del sistema
El presidente se dispuso a escuchar la lluvia fina y constante de reproches de la oposición desde su escaño, de izquierda y derecha. El resto del Gobierno escuchaba con rostro grave, circunspecto. No era para menos, visto el durísimo varapalo que Rajoy acababa de propinar a su programa, a su imagen. En la réplica, el jefe del Ejecutivo no aportó argumentos ni datos nuevos. Sólo más cucharadas de dramatismo.

Primero respondió a las críticas de que su Gabinete destina más dinero a la banca y a los poderosos mientras empobrece a los españoles. Subrayó entonces que el salvamento de la banca era necesario, porque el sistema financiero es a la economía de un país lo que la sangre representa para el cuerpo humano. Sin él, "no habrá ni bienestar ni riqueza". Razón por la que el Gobierno no puede "dejar que se hundan" los bancos. Además, las condiciones del rescate –palabra todavía tabú en el diccionario del PP– son "muy buenas" y no imponen una "condicionalidad macroeconómica". Rajoy pretendió desenlazar las imposiciones que el Eurogrupo marca al sistema financiero de las exigencias que Bruselas fija para España por el descontrol de su déficit, y que obviamente son las que han obligado a tomar las medidas anunciadas hoy. De esa anilla colgó sus reproches al Ejecutivo de Zapatero, pues de no haberse encontrado un agujero del 8,9% con que se cerró 2011, la situación sería otra.

Rajoy presumió de que sus recortes miran "el interés general" y de que son "justos y equitativos". Quiso hacer ver que había arremetido contra los poderosos como nunca antes nadie se había atrevido.